1.- ¿Qué hacer para acceder a la información pública gubernamental?

1.- ¿Qué hacer para acceder a la información pública gubernamental?

Cualquier persona por sí misma o a través de su representante, podrá presentar solicitud de acceso a información ante la Unidad de Transparencia, a través de la Plataforma Nacional, en la oficina u oficinas designadas para ello, vía correo electrónico, correo postal, mensajería, telégrafo, verbalmente o cualquier otro medio a su alcance o aprobado por el Instituto. La solicitud de información formulada mediante escrito podrá presentarse por escrito libre o utilizando los formatos de solicitud que deberá proporcionar el sujeto obligado.

Los sujetos obligados considerados en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit están obligados a entregar información accesible, confiable, verificable, veraz, oportuna y atender las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona a través de trámites y procedimientos sencillos, gratuitos y expeditos, la forma de realizar la solicitud y la manera de llenar los formularios que se requieran. Además, de orientarlos sobre los sujetos obligados o instancias ante las que se puede acudir para solicitar orientación o formular quejas, consultas o reclamos sobre la prestación del servicio o sobre el ejercicio de las funciones o competencias a cargo de la autoridad de que se trate.

2.- ¿Cuáles son los datos que deben contener las solicitudes de información?

Para presentar una solicitud no se podrán exigir mayores requisitos que los siguientes: Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante. En el caso de solicitudes electrónicas no será exigida la firma; Sujeto obligado a quien se dirija; Domicilio o medio para recibir notificaciones; La descripción de la información solicitada o elementos en que se contiene; Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. Ante impedimento justificado, el sujeto obligado podrá entregar la información en una modalidad distinta a la solicitada.

La información de Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante y cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, será proporcionada por el solicitante de manera opcional y, en ningún caso, podrá ser un requisito indispensable para la procedencia de la solicitud.

3.- ¿Cuánto cuesta la información solicitada?

En caso de existir costos para obtener la información, deberán cubrirse de manera previa a la entrega y no podrán ser superiores a la suma de:

1. El costo de los materiales utilizados en la reproducción de la información;

2. El costo de envío, en su caso, y

3. El pago de la certificación de los Documentos, cuando proceda.

4.- ¿Se debe justificar el por qué una persona requiere determinada información?

Para ejercer el derecho de acceso a la información pública no es necesario acreditar derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que motiven el pedimento, salvo en los casos de los derechos de datos personales y conflicto de personalidad.

5.- ¿Qué procede si la solicitud de información no es precisa o no contiene todos los datos requeridos?

Cuando los detalles proporcionados para localizar los documentos resulten insuficientes, incompletos o sean erróneos, la Unidad de Transparencia podrá requerir al solicitante, por una sola vez y dentro de un plazo que no podrá exceder de cinco días, contados a partir de la presentación de la solicitud, para que, en un término de hasta diez días, indique otros elementos o corrija los datos proporcionados o bien, precise uno o varios requerimientos de información.

Este requerimiento interrumpirá el plazo de respuesta establecido, por lo que comenzará a computarse nuevamente al día siguiente del desahogo por parte del particular. En este caso, el sujeto obligado atenderá la solicitud en los términos en que fue desahogado el requerimiento de información adicional.

La solicitud se tendrá por no presentada cuando los solicitantes no atiendan el requerimiento de información adicional. En el caso de requerimientos parciales no desahogados, se tendrá por presentada la solicitud por lo que respecta a los contenidos de información que no formaron parte del requerimiento.

6.- ¿Qué procede si la solicitud de información es presentada ante una oficina que no es competente?

Cuando las Unidades de Transparencia determinen la notoria incompetencia por parte de los sujetos obligados, dentro del ámbito de su aplicación, para atender la solicitud de acceso a la información, deberán comunicarlo al solicitante, dentro de los tres días posteriores a la recepción de la solicitud y, en caso de poderlo determinar, señalar al solicitante el o los sujetos obligados competentes.

Si los sujetos obligados son competentes para atender parcialmente la solicitud de acceso a la información, deberá dar respuesta respecto de dicha parte. Respecto de la información sobre la cual es incompetente se procederá conforme lo señala el párrafo anterior.

7.- ¿Cómo saber si una solicitud de información es rechazada?

En caso de que los documentos solicitados hayan sido clasificados como reservados o confidenciales, los titulares de las Áreas, y el Comité serán los encargados de clasificar la información conforme a esta Ley.

El acuerdo que clasifique la información como reservada deberá estar fundado y motivado, indicar la fuente donde se encuentre la información, las partes de los documentos que se reservan, el plazo al que estará sujeta la reserva, la designación del Área responsable de su conservación y justificar que:

a. La información esté comprendida en alguna de las hipótesis de excepción previstas en la presente Ley;

b. La liberación de la información de referencia amenace el interés protegido por la Ley;

c. La existencia de elementos objetivos permiten determinar la expectativa razonable de un daño al interés público protegido, o

d. El daño que puede producirse con la liberación de la información es mayor que el interés público de conocer la información de referencia.

El Comité de Transparencia deberá resolver si:

1. Confirma y niega el acceso a la información.

2. Modifica la clasificación y concede acceso a parte de la información.

3. Revoca la clasificación y concede el acceso a la información.

El Comité podrá tener acceso a los documentos que estén en el ente público. La resolución del Comité será notificada al interesado en un plazo equivalente al establecido para dar respuesta a las solicitudes.

Cuando el sujeto obligado no formule la respuesta a la solicitud de acceso a la información, en tiempo y forma, se entenderá denegada la solicitud dejando expedito el derecho del particular para acudir al recurso de revisión.

8.- ¿Cuántos días tienen las entidades públicas para responder a mi solicitud?

La respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de aquélla.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una resolución que deberá notificarse al solicitante, antes de su vencimiento.

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2.- ¿Qué son los datos personales?

1.- ¿Qué son los datos personales?

Se considera como información confidencial aquella que se refiere a la vida privada y los datos personales que se encuentren en posesión de los sujetos obligados. Esta información mantendrá este carácter de manera indefinida y no podrá realizarse ningún hecho o acto de disposición o divulgación sin la autorización expresa de los titulares o sus representantes legales. Sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos que requieran conocerla para el debido ejercicio de sus funciones.

Son datos personales: La información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a una persona identificable, como la relativa a su origen étnico o racial, o que esté referida a las características físicas, morales o emocionales, a su vida afectiva o familiar, domicilio, número telefónico, patrimonio, ideología y opiniones políticas, creencias o convicciones religiosas o filosóficas, los estados de salud físicos o mentales o las preferencias sexuales, así como los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos. Asimismo, será información confidencial aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, de conformidad con lo dispuesto por la normatividad aplicable.

2.- ¿Quién y cómo puede acceder a los datos personales?

personas interesadas o sus representantes podrán solicitar, previa acreditación, ante la Unidad de Transparencia, modificar su información que obre en cualquier sistema de datos personales.

Con tal propósito, el interesado deberá entregar una solicitud de modificaciones que señale el sistema de datos personales, indique las modificaciones por realizarse y aporte la documentación que motive su petición.

3.- ¿En cuánto tiempo se responde a la solicitud de datos personales?

La Unidad de Transparencia deberá entregar al solicitante, en un plazo de 20 días desde la presentación de la solicitud, una comunicación que haga constar las modificaciones, o bien, le informe de manera fundada y motivada, las razones por las cuales no procedieron las mismas.

Excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por 10 días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia.

4.- ¿Qué datos deben contener las solicitudes de rectificación de datos personales?

La solicitud deberá contener:

Nombre o, en su caso, los datos generales de su representante.

Sujeto obligado a quien se dirija;

Domicilio o medio para recibir notificaciones;

La descripción de la información solicitada o elementos en que se contiene;

Cualquier otro dato que facilite su búsqueda y eventual localización, y

La modalidad en la que prefiere se otorgue el acceso a la información, la cual podrá ser verbal, siempre y cuando sea para fines de orientación, mediante consulta directa, mediante la expedición de copias simples o certificadas o la reproducción en cualquier otro medio, incluidos los electrónicos. Ante impedimento justificado, el sujeto obligado podrá entregar la información en una modalidad distinta a la solicitada.

5.- ¿Cómo se modifican los datos personales?

Los sujetos obligados serán responsables de los datos personales en su posesión y, en relación con éstos, deberán:

Adoptar los procedimientos adecuados para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de datos, en los casos que sea procedente, así como capacitar a los Servidores Públicos y dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales datos, de conformidad con la normatividad aplicable;

Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido o dicho tratamiento se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su tratamiento, en términos de la normatividad aplicable, excepto en casos en que el tratamiento de los datos se haga en ejercicio de las atribuciones conferidas por ley;

Procurar que los datos personales sean exactos y actualizados;

Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos, ya sea total o parcialmente, o incompletos, en el momento en que tengan conocimiento de esta situación, y

Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado.

6.- ¿Qué no pueden hacer los entes públicos con los datos personales?

Los sujetos obligados no podrán difundir, distribuir o comercializar los datos personales contenidos en los sistemas de información, desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo que haya mediado el consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar, de los individuos a que haga referencia la información de acuerdo a la normatividad aplicable.

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3.- ¿Cuál es la información pública gubernamental en el Estado de Nayarit?

1.- ¿Cuál es la información pública gubernamental en el Estado de Nayarit?

La contenida en documentos escritos, mapas, fotografías, grabaciones, soporte magnético o digital, o en cualquier otro elemento técnico que haya sido creado u obtenido, en el ejercicio de las funciones de los sujetos obligados, o se encuentre en disposición de éstas, así como cualquier tipo de documentación generada y elaborada, sea parcial o totalmente, con cargo al erario, que haya servido para discusiones y toma de decisiones en el ejercicio de la función pública;

2.- ¿Cuál es la información de acceso restringido?

Información Clasificada: La información reservada o confidencial;

Información reservada: La información que se encuentra temporalmente restringida al acceso público por encontrarse en los supuestos previstos en esta Ley.

Información confidencial: La que contiene datos relativos a las características físicas, morales o emocionales de las personas previstas en esta ley; información en posesión de los sujetos obligados que refiera a datos personales; a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; así como aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados siempre que tengan el derecho a entregarla con ese carácter; por lo que no puede ser difundida, publicada o dada a conocer, excepto en aquellos casos en que así lo contemple la Ley General y la presente Ley.

Toda la información pública gubernamental creada, administrada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados tiene carácter público y cualquier persona tendrá acceso a ella en los términos y condiciones que establece esta ley. Sólo podrá ser clasificada por las razones y términos dispuestos por la presente Ley.

Como información reservada podrá clasificarse aquella cuya publicación:

I. Comprometa la seguridad pública del estado y cuente con un propósito genuino y un efecto demostrable;

II. Cause un significativo perjuicio o daños irreparables a las funciones de las instituciones públicas, por tratarse de información estratégica en materia de seguridad pública y prevención del delito;

III. Pueda menoscabar la conducción de las negociaciones y relaciones internacionales, estales o municipales;

IV. Se entregue expresamente con ese carácter o el de confidencial por otro u otros sujetos de derecho, excepto cuando se trate de violaciones graves de derechos humanos o delitos de lesa humanidad;

V. Pueda poner en riesgo la vida, seguridad o salud de cualquier persona;

VI. Obstruya las actividades de verificación, inspección y auditoría relativas al cumplimiento de las leyes o afecte la recaudación de contribuciones;

VII. Obstruya la prevención o persecución de los delitos;

VIII. Contenga las opiniones, recomendaciones o puntos de vista que formen parte del proceso deliberativo de los servidores públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión definitiva, la cual deberá estar documentada;

IX. Obstruya los procedimientos para fincar responsabilidad a los Servidores Públicos, en tanto no se haya dictado la resolución administrativa;

X. Afecte los derechos del debido proceso;

XI. Vulnere la conducción de los Expedientes judiciales o de los procedimientos

administrativos seguidos en forma de juicio, en tanto no hayan causado estado;

XII. Se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público, y

XIII. Las que por disposición expresa de una ley tengan tal carácter, siempre que sean acordes con las bases, principios y disposiciones establecidos en esta Ley y no la contravengan; así como las previstas en tratados internacionales.

3.- ¿Cuáles son las responsabilidades de las unidades de enlace y acceso a la información?

La Unidad de Transparencia será el vínculo entre los sujetos obligados y los solicitantes, encargada de recibir, dar seguimiento y despachar las solicitudes de información pública que se presenten. Se integra por los funcionarios que designe el titular del sujeto obligado.

Compete a la Unidad de Transparencia:

1. Recabar, publicar y actualizar las obligaciones de transparencia a que se refiere esta ley y propiciar que las áreas las actualicen periódicamente;

2. Proponer al Comité de Transparencia los procedimientos internos que contribuyan a la mayor eficiencia en la atención de las solicitudes de acceso a la información;

3. Recibir, realizar los trámites internos necesarios y tramitar las solicitudes de información y darles seguimiento hasta la entrega de la misma;

4. Llevar el registro y actualizar trimestralmente las solicitudes de acceso a la información, así como sus trámites, respuestas, costos de reproducción, envío y resultados, haciéndolo del conocimiento del Comité de Transparencia;

5. Proponer personal habilitado que sea necesario para recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información;

6. Asesorar y orientar a quienes lo requieran, en la elaboración de las solicitudes de información y, en su caso, orientarlos sobre los sujetos obligados competentes

4.- ¿Cuáles son los organismos obligados por la ley de transparencia y acceso a la información pública de nayarit?

Para efectos de la ley son sujetos obligados:

1. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Legislativo;

2. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Ejecutivo;

3. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo del Poder Judicial;

4. Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Ayuntamientos o Consejos Municipales;

5. Los fondos y fideicomisos públicos, quienes deberán dar cumplimiento a las obligaciones establecidas en la Ley por sí mismos, a través de sus propias áreas, Unidades de Transparencia y Comités de Transparencia;

6. Los organismos autónomos del Estado, incluyendo a las universidades públicas;

7. Los partidos y agrupaciones políticas;

8. Los candidatos independientes;

9. Las personas físicas o jurídico-colectivas cuando, en el ejercicio de sus actividades, actúen en auxilio o colaboración de los entes públicos o ejerzan gasto público, reciban subsidio o subvención. En este caso, la información será proporcionada por el ente público que realizó la transferencia de recursos, quienes deberán hacer pública toda aquella información relativa a los montos y las personas a quienes entreguen, por cualquier motivo, recursos públicos, así como los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos, y

10. Los sindicatos o particulares que ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad.

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4.- Los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información tienen las siguientes obligaciones:

Los sujetos obligados en materia de transparencia y acceso a la información tienen las siguientes obligaciones:


1. Documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones;

2. Constituir, conservar y mantener actualizados el sistema de archivo y gestión documental, conforme a la normatividad aplicable;

3. Publicar y mantener disponible en Internet las obligaciones de transparencia a que se refiere esta Ley y su Reglamento;

4. Promover la cultura de la transparencia y rendición de cuentas, así como colaborar con el Instituto para capacitar a los servidores públicos en materia de transparencia, acceso a la información, archivos y datos personales;

5. Permitir al Instituto acceder a la información gubernamental y a los archivos administrativos para verificar el cumplimiento de esta ley;

6. Cumplir las resoluciones, lineamientos y directrices que dicte el Instituto;

7. Sistematizar la información;

8. Emplear el Sistema de Información que establezca el Instituto;

9. Contar con la Unidad de Transparencia, designando a su titular dentro del plazo de diez días contados a partir del día siguiente del relevo institucional o cuando se suscite vacantes; plazo dentro del cual, deberá constituirse igualmente el Comité de Transparencia;

10. Proporcionar a los solicitantes información pública, clara, veraz, oportuna, suficiente, pertinente, desagregada por género, en la forma y términos previstos por esta Ley;

11. Informar, en términos claros y sencillos, sobre los trámites, costos y procedimientos que deben efectuarse para el debido ejercicio del derecho de acceso a la información;

12. Establecer las medidas necesarias para la protección de archivos y sistemas de archivos, a fin de evitar su alteración, pérdida, tratamiento, modificación, afectación o acceso no autorizado, ya sea que los riesgos provengan de la acción humana, de hechos de la naturaleza o de medios técnicos utilizados;

13. Restringir el acceso a la información confidencial y reservada;

14. Promover acuerdos con instituciones públicas especializadas que pudieran auxiliarles a entregar las respuestas a solicitudes de información, en la lengua indígena, braille o cualquier formato accesible correspondiente, en forma más eficiente, y

15. Las demás que resulten aplicables.


Además, Los Sujetos Obligados deberán difundir en los sitios de Internet correspondientes y a través de la Plataforma Nacional, las siguientes obligaciones de transparencia:

1. Información Común;

2. Información Específica, e

3. Información adicional.


La información común que los sujetos obligados deberán publicar, es la siguiente:


I. El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse normas constitucionales, leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, acuerdos, criterios, circulares, políticas y demás ordenamientos o disposiciones de observancia general que fundamenten y den marco a la actuación y funciones de los sujetos obligados;

II. Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de conformidad con las disposiciones aplicables;

III. Las facultades de cada Área;

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos;

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer; el método de evaluación con una justificación de los resultados obtenidos y el monto de los recursos públicos asignados para su cumplimiento;

VI. Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados;

VII. El directorio de todos los Servidores Públicos, desde el Titular del sujeto obligado hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente; o de menor nivel, cuando: se brinde atención al público, manejen o apliquen recursos públicos, realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, al menos el nombre, cargo o nombramiento asignado, fotografía, nivel del puesto en la estructura orgánica, perfil de los puestos, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspondencia y dirección de correo electrónico oficiales;

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confianza, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos, sistemas de compensación y cualquier otra percepción en dinero o en especie con motivo de su empleo, cargo o comisión, señalando la periodicidad de dicha remuneración;

IX. Los gastos de representación y viáticos con motivo de su empleo, cargo o comisión del servidor público, así como el objeto e informe de comisión dentro y fuera del territorio del estado o de las demarcaciones municipales, según corresponda;

X. El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada Área; XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de contratación;

XII. La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;

XIII. El nombre, domicilio de la Unidad de Transparencia y de los servidores públicos encargados del Comité de Transparencia, además de la dirección electrónica donde podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;

XIV. Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos;

XV. La información de los programas de subsidios, estímulos, aportaciones y apoyos, en el que se deberá informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:
a. Área;
b. Denominación del programa;
c. Periodo de vigencia;
d. Diseño, objetivos y alcances;
e. Metas físicas;
f. Población beneficiada estimada;
g. Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal;
h. Requisitos y procedimientos de acceso;
i. Procedimiento de queja o inconformidad ciudadana;
j. Mecanismos de exigibilidad;
k. Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones;
l. Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo;
m. Formas de participación social;
n. Articulación con otros programas sociales; o. Vínculo a las reglas de operación o Documento equivalente;
p. Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, y
q. Padrón de beneficiarios mismo que deberá contener los siguientes datos: nombre de la persona física o denominación social de las personas morales beneficiarias, el monto, recurso, beneficio o apoyo otorgado para cada una de ellas, unidad territorial, en su caso, edad y sexo.

XVI. Las condiciones generales de trabajo, versión pública de los contratos o convenios que regulen las relaciones laborales del personal de base o de confianza así como los recursos públicos económicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como recursos públicos;

XVII. La información curricular, desde el Titular del sujeto obligado hasta el nivel de jefe de departamento o su equivalente, o de menor nivel, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que haya sido objeto;

XVIII. El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de sanción y la disposición;

XIX. Los servicios que ofrecen y los programas que administra, señalando los requisitos para acceder a ellos;

XX. Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen;

XXI. La información financiera en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las normas expedidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable y la Ley del Órgano de Fiscalización Superior del Estado y demás normatividad aplicable, incluyendo además la información financiera sobre el presupuesto asignado, la cuenta pública, así como los informes del ejercicio trimestral del gasto;


XXII. De forma enunciativa, más no limitativa, se deberá publicar lo siguiente:
a. Los instrumentos jurídicos relativos a la contratación de Financiamientos y Obligaciones;
b. Los documentos de análisis comparativo de las propuestas que incluyan las ofertas que representen las mejores condiciones de mercado, en la contratación de los financiamientos y obligaciones en términos de lo previsto por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, y
c. La institución financiera participante que resulte ganadora del proceso competitivo para la contratación de financiamientos, realizada mediante licitación pública, así como el documento en que conste la comparación de las propuestas presentadas.

XXIII. Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y publicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de contrato y concepto o campaña;

XXIV. Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan; XXV. El resultado de la dictaminación de los estados financieros;

XXVI. Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

XXVII. Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autorizaciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publicarse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

XXVIII. La información de los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:
a. De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:
1. La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
2. Los nombres de los participantes o invitados;
3. El nombre del ganador y las razones que lo justifican;
4. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
5. Los dictámenes y fallo de adjudicación;
6. El contrato y, en su caso, sus anexos;
7. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
8. La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de ser aplicable;
9. Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo de fondo de participación o aportación respectiva;
10. Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados, precisando el objeto y la fecha de celebración;
11. Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;
12. El convenio de terminación, y
13. El finiquito;
b. De las adjudicaciones directas:
1. La propuesta enviada por el participante;
2. Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;
3. La autorización del ejercicio de la opción;
4. En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y los montos;
5. El nombre de la persona física o moral adjudicada; 6. El Área solicitante y la responsable de su ejecución;
7. El número, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;
8. Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbano y ambiental, según corresponda;
9. Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;
10. El convenio de terminación, y
11. El finiquito.

XXIX. Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados, el área responsable y el fundamento legal que obliga a su generación;

XXX. Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la mayor desagregación posible;

XXXI. Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero;

XXXII. Padrón de proveedores y contratistas;

XXXIII. Los convenios de coordinación que celebren con la federación, otros estados o municipios, partidos políticos, instituciones de enseñanza o cualquier organización y los de concertación con los sectores social y privado;

XXXIV. El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad;

XXXV. Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para su atención;

XXXVI. Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio;

XXXVII. Los mecanismos de participación ciudadana;

XXXVIII. Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder a los mismos;

XXXIX. Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

XL. Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a programas financiados con recursos públicos;

XLI. Los estudios financiados con recursos públicos;

XLII. El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben;

XLIII. Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino;

XLIV. Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie;

XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

XLVI. Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomendaciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;

XLVII. Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente;

XLVIII. El seguimiento de las obligaciones de responsabilidad hacendaria establecidas en los convenios sobre los niveles de endeudamiento elevado de los entes públicos, respectivos, y

XLIX. Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que, con base en la información estadística, responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público.


La información específica y adicional que los sujetos obligados deberán publicar se encuentra señalada del artículo 34 al 47 de la Ley de Transparencia.